Por Alfonso Ríos Larrain
En carta publicada en El Mercurio del pasado viernes 6 de mayo, la lectora Fernanda Perello pregunta por qué sube el pan mientras ella no puede vender su trigo por el bajo precio que ofrecen los molinos. Hay distintos motivos. Uno de ellos está implícito en su misma queja: al guardar su trigo, ella comprime la oferta generando escasez; esto encarece la harina, producto necesario para fabricar el pan. Si todos los productores de trigo tuviesen la capacidad financiera de doña Fernanda para almacenar sus cosechas y esperar condiciones de mercado más favorables para venderlas, los molinos estarían obligados a pagar más. Pero, según parece, hay trigo suficiente, los molineros estiman que la harina resiste un aumento de precio y los panaderos creen que el nuevo valor del pan, aunque pudiere afectar el consumo, mantendrá su negocio en pie y en condiciones saludables. Así de claro y sencillo.
El director de Odepa, espoleado por la demagogia reinante, advierte una posible colusión de precios entre panaderías y promete investigar porque, según sus "rigurosos análisis" (sic), el alza debiera ser menor a la que anuncian los panaderos. ¿Es posible imaginar comportamientos monopólicos entre más de 5.500 fabricantes de pan que operan actualmente en Chile? Como la respuesta negativa es evidente, presumo que el diagnóstico de este funcionario está contagiado por la cantinela socialista que gusta restringir la libertad económica. Si la verdadera preocupación del gobierno es el daño que el alza de precio del pan provoca en el presupuesto de los más pobres y las consecuencias inflacionarias que reflejará el IPC, encárela con las herramientas legítimas que tiene el Estado para influir positivamente: disminuya los impuestos, el gasto público y la burocracia; procure mayor flexiblidad laboral y deje que el mercado arbitre el natural conflicto de expectativas entre productores, fabricantes y consumidores. Si así lo hiciere, ahorrará tiempo y gasto en "rigurosos análisis" de negocios privados y evitará incursiones como las del director de Odepa y de otros funcionarios públicos, tan amenazantes como insensatas.
Doña Fernanda debe buscar respuestas a su inquietud en la ley de la oferta y la demanda. Hubo hace años un diputado de izquierda que propuso derogarla. Desde las bancadas de derecha le retrucaron: "Apoyamos su inciativa, honorable colega, pero con una condición: deroguemos al mismo tiempo la ley de la gravedad". ARL
Nota del editor: El diario El Mercurio de Santiago publicó un extracto de este artículo (07 mayo 2011)
Nota del editor: El diario El Mercurio de Santiago publicó un extracto de este artículo (07 mayo 2011)
