Por Alfonso Ríos Larrain
Los contribuyentes de Chile y la opinión pública, en general, no tenemos la menor idea de los antecedentes que el gobierno tuvo a la vista para legislar el reajuste de remuneraciones, asignaciones, aguinaldos y demás retribuciones en dinero para los empleados públicos, incluidos los profesionales de la salud y funcionarios del Congreso Nacional.
También desconocemos la plataforma de negociación entre el gobierno y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y los motivos no-demagógicos que los parlamentarios tuvieron para apoyar u oponerse al proyecto del Ejecutivo. Y como se trata de muchos miles de millones de pesos que gravan anualmente el erario nacional y, por ende, el bolsillo de todos los chilenos, tenemos derecho a conocer las bases objetivas que justificarían el proyecto de ley y los argumentos de negociación, aprobación o rechazo de esta iniciativa.
Como parece tratase de un “reajuste” de remuneraciones -esto es, aumentar o disminuir los salarios por motivos coyunturales, económicos o políticos-, una posibilidad es que se hubiere negociado en base al IPC o variación de la UF del año anterior, alternativa que habría concluido en una rebaja de sueldos al verificar el resultado de ambos índices. En efecto, la inflación negativa de 2009 sería un argumento más apropiado para disminuir las remuneraciones que para aumentarlas.
Otro criterio pudo ser la medición de productividad del sector público, pero tampoco sirve. Más aún, la ANEF mira con terror cualquiera idea encaminada a modernizar el Estado. ¿Se imaginan a Raúl de la Puente integrando una comisión cuyo objetivo fuere eliminar funciones públicas, privatizar otras, disminuir burocracia y procurar, en definitiva, un Estado más eficiente, pequeño y musculoso, con funcionarios más productivos y mejor remunerados? ¡Ni pensarlo! Quedaría cesante.
Y como no hay motivos económicos que avalen este reajuste, veamos si la coyuntura política puede justificarlo. Siempre habrá argumentos para excusar decisiones políticas erróneas, antecedidas por el temor, el oportunismo o la demagogia de quienes ceden, sin costo personal, a las demandas de sectores con cierta capacidad de movilización. De muestra, los resultados que arroja este proyecto de reajuste: el IPC 2009 fue (negativo) -1,4; la última oferta del gobierno es incrementar las remuneraciones y beneficios en +4,2% y la ANEF transaría en +5% (comenzó en +8%). La Cámara de Diputados, con sus tribunas atestadas de burócratas vociferantes, rechazó por mayoría la idea de legislar, tal como recomendaba, también por simple mayoría, la Comisión de Hacienda de esta corporación. Y el gobierno "congeló" el proyecto. ¿Cuál será el epílogo? Muy fácil. El congelamiento licuará en pocas horas más y la ANEF obtendrá -centésimas más o menos- el porcentaje que solicitó originalmente. En otras palabras, considerando la inflación negativa del año pasado, la remuneración de los empleados públicos aumentará en un porcentaje real superior a 6%. Dadivoso arreglo a espaldas de los contribuyentes chilenos.
Pero la verdad es que no se trata técnicamente de un “reajuste”. Es, simplemente, un aumento de sueldos y así debe informarse al país, con claridad y sin rodeos: un aumento de remuneraciones para empleados públicos, negociado entre empleados públicos y aprobado por empleados públicos. O sea, un acuerdo entre personas que son, al mismo tiempo, juez y parte. Mientras tanto, el 95% de los chilenos hemos sido ignorados en esta decisión, desconocemos si se justifica, pero deberemos pagarla. ¿Una nueva variante de la "democracia de los acuerdos"? ARL
