LOS MOTIVOS DE BOLIVIA

Por Alfonso Ríos Larrain

Es una perogrullada, pero nunca me ha gustado que Chile ceda parte de su territorio o soberanía, trátese de grandes extensiones como la Patagonia o  “pedacitos más, pedacitos menos” como Campo de Hielo Sur. Acepto que la pérdida de nuestras posesiones en la Patagonia tuvo cierta justificación: por un lado, la necesidad de transigir con Argentina para que Chile mantuviere dominio sobre el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego y, al mismo tiempo, la urgencia de cubrir nuestras espaldas neutralizando el chantaje argentino que insinuaba beligerancias por el sur mientras nos preparábamos para combatir con peruanos y bolivianos en el norte. Distinto es el caso Campo de Hielo Patagónico Sur, artificial litigio inventado por Argentina para avanzar al Océano Pacífico, que contó con la indolencia e ingenuidad del entonces Presidente Patricio Aylwin y de su canciller Enrique Silva Cimma al suscribir la “Declaración Presidencial Aylwin-Menem 1991”. Incluso, en el siglo XVI la Capitanía General de Chile ejerció tuición sobre la región de Cuyo (actual Mendoza, República Argentina). El Gobernador y Capitán General Pedro de Valdivia envió a Francisco de Villagra para que al mando de 180 hombres explorara esa comarca.  Tiempo después, el nuevo Gobernador de Chile, García Hurtado de Mendoza, hijo del Virrey del Perú, encomendó al capitán Pedro del Castillo la fundación de Cuyo. La Capitanía General de Chile -como todas las extensiones al sur de Panamá- formaba parte del Virreinato del Perú y la cordillera de Los Andes se erguía como frontera natural entre Chile y Argentina, pero la región de Cuyo puede considerarse el primer "pedacito" que menguó nuestro territorio. Es cierto que con la Guerra del Pacífico ganamos superficie, pero ahí no hubo extorsiones como en la Patagonia, ni torpezas como en Campo de Hielo Sur, ni argumentos geopolíticos como en el caso de Mendoza. Las anexiones territoriales de la Guerra del Pacífico las decidimos en el campo de batalla derrotando a dos países simultáneamente, con voluntad política y militar, derramamiento de sangre y grandes dosis de heroísmo. Es la gran diferencia que media entre “obtener” y “ganar” un territorio.    

Con todo, soy proclive a revisar la mediterraneidad de Bolivia y buscar una solución que permita a ese país el libre acceso al litoral chileno resguardando nuestra soberanía. Ello, por tres motivos: 1) descomprimir el discurso nacionalista y anti-chileno que sirve a los gobernantes bolivianos para ocultar su proverbial incompetencia; 2) negociar un tratado bilateral de largo plazo en el que Chile otorgue a Bolivia una salida al mar y Bolivia nos garantice, por el mismo período, el suministro de materias primas claramente individualizadas  (por ejemplo, gas natural); y 3) mantener buenas relaciones con un país vecino, propósito siempre útil y valorado. Me hace fuerza, además, el ferviente llamado del senador Pablo Longueira para resolver este problema y “heredar a las futuras generaciones un país inserto en una región sin conflictos y que no vuelva a estar expuesta –como lo estuvo la nuestra– a vivir el fantasma de la guerra” (“Liderazgo y Coraje”, Noviembre 2010).

Los motivos están vigentes, pero después de leer las noticias de hoy mis simpatías han vuelto a fojas cero. “El Mercurio” informa la creación de la Empresa Boliviana Forestal y que el gobierno de Evo Morales estudia la caducidad de las concesiones en el área porque, según dice, “están en manos de un puñado de neoliberales que han terminado privatizando los bosques”. El gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, entidad que agrupa a las empresas privadas del sector, advierte que la inestabilidad política y la incertidumbre jurídica son muy graves, que aumenta la tala ilegal de los bosques nativos, decrecen las inversiones y que la situación es cada vez peor.

Si uno de mis argumentos para sentarnos a conversar con Bolivia es, sucintamente, “mar por gas” ¿qué garantía de cumplir sus compromisos puede darnos la Bolivia de Evo si tratará de igual forma a los neoliberales interesados en invertir en gaseoductos para abastecer a los chilenos? ¿O será que no tienen interés alguno en salir al mar y prefieren su actual situación de mediterraneidad para justificar el abatimiento y pobreza que estas medidas ocasionan inexorablemente al pueblo boliviano? Por el momento, con estos vecinos ni mar ni a misa. ARL     

   

PRIVATIZACIONES Y DESPARPAJO

  
         Por Alfonso Ríos Larrain

El desplome del muro de Berlín fue el réquiem del imperialismo soviético y de su hegemonía política, geográfica y militar, pero las faenas de demolición datan mucho antes: responden a la concepción intelectual del comunismo y se intensifican con su ejercicio.  Para comprenderlo mejor, la sentencia atribuida a Ronald Reagan: “Un comunista es alguien que ha leído a Marx; un anticomunista es alguien que ha entendido a Marx”. El balance de 70 años de tiranía, hambre y genocidio derribó aquel muro e hirió de muerte a sus constructores, pero hay varios sobrevivientes que zangolotean esperando una nueva oportunidad. Alientan sus esperanzas quienes presumen de adversarios pero se unen a ellos en pactos políticos (“instrumentales” dicen, para mitigar el contubernio), hacen “gestos de fraternidad, cortesía y amistad cívica” (como el presidente de la DC, senador Ignacio Walker, que festejó los 95 años de vida del Partido Comunista de Chile), y adhieren a las premisas del comunismo y sus derivados socialistas. Algunos lo hacen por aproximación ideológica ("un viejo amor no se olvida ni se deja", dice un viejo bolero); otros, por debilidad o simple conveniencia.

Nos hemos acostumbrado al doble estándar de la Concertación en temas políticos, sociales, económicos y de derechos humanos. Estamos preparados para cualquier embate que procure marcar diferencias con el actual gobierno, justificar su rol opositor o cohesionar a sus desmembradas huestes. No nos sorprendió la interpelación a una ministra para objetar sus obras en las tareas de reconstrucción; ni el insensato acuerdo que rechazó la idea de legislar el aumento de remuneraciones al sector público, incluido  el bochornoso epílogo de aprobar la propuesta oficialista mediante una negociación hecha a espaldas y contra la voluntad de las bancas opositoras. Sin menospreciar el daño que estas conductas causan a la credibilidad de los políticos, ellas no deben asombrarnos.  La búsqueda del poder -y la política es una de sus manifestaciones- nos brinda un copioso relato de intrigas y artimañas cuya reiteración las hace tan tolerables como predecibles. Pero ahora se les pasó la mano. Las declaraciones de los ex presidentes Frei y Lagos impugnando la iniciativa de vender por medio de oferta pública la participación estatal en algunas empresas, son de una incoherencia y desfachatez sin límites.

Durante el mandato de Frei Ruiz-Tagle se privatizaron empresas sanitarias, eléctricas, mineras, de energía y comunicación, recaudando una suma cercana a los 3.000 millones de dólares. Lagos optó por “concesionar” varias empresas y servicios públicos a 30 años prorrogables, una sutil modalidad que atenúa la repugnancia ideológica que ha de causarle la acción de "privatizar". Lo hicieron a contrapelo, es cierto, pero les sirvió para hacer caja, adquirir un new look acorde con la globalización, cumplir las exigencias libremercadistas de los tratados internacionales de libre comercio, aceptar las condiciones impuestas por la Comunidad Económica Europea (según confesión del propio Ricardo Lagos) y calificar como aspirante en las "cumbres" de países desarrollados. En fin, cualquiera hubiese sido su motivación, el desenlace fue bueno para el país y es, por lejos, el legado más valioso de ambos gobiernos.

Pero no tienen remedio. En Frei y Lagos prima la necesidad de captar cámaras y mantener vigencia a cualquier precio, sin importarles formas ni contenidos. Lo mismo ocurre al senador Zaldívar y otros estridentes voceros que se oponen a vender acciones del Estado en empresas cuya privatización defendieron y aprobaron con sus votos. El país les pasará la cuenta, pero ¿la pagarán? No creo. Buscarán maneras de no hacerlo. Porque el mismo desparpajo que hoy tienen para emporcar su mejor obra de gobierno les volverá a ser útil para ceder cupos municipales y parlamentarios, buscar mayorías espurias y dar oxígeno a los sobrevivientes del muro. Vuelvo a Reagan: presumo que leyeron a Marx, pero ¿lo habrán entendido? ARL  

ALTAMIRANO, FREI MONTALVA Y LA DC

Nota del Editor: Una carta del ex concejal por Vitacura Sergio Hernández Gómez, publicada el 13 de diciembre de 2010 en “La Segunda”, originó la siguiente polémica a través del mismo diario:

13 diciembre 2010

ALTAMIRANO

“Señora Directora:

         La frescura mayor es lo que se ha dado en la desmemoria del artífice y responsable de lo ocurrido en 1973, el sembrador del odio de clases Carlos Altamirano, socialista que representa una época negra de la historia de Chile. ¿Será posible que la DC siga inserta en un conglomerado con este tipo de personas?

Sergio Hernández Gómez”

16 diciembre 2010

ALTAMIRANO

“Concuerdo plenamente con los términos de la carta de mi amigo Sergio Hernández Gómez publicada en La Segunda del lunes. Sólo hago dos alcances. El primero, que el odio de clases comenzó a gestarse mucho antes de 1970, tuvo manifestaciones explícitas en el gobierno de Frei Montalva e inspiró la vida, pasión y muerte de la Unidad Popular.

El segundo, que Carlos Altamirano es, además, un desagradecido con la DC, porque debió su senaduría a un involuntario “error de cálculo” de ese partido. En efecto, en las elecciones parlamentarias de 1965, la votación de la lista DC en Santiago alcanzó para obtener cuatro de los cinco senadores que elegía esta circunscripción, pero sólo presentaron tres candidatos: José Musalem, Rafael Agustín Gumucio y Tomás Reyes Vicuña. Así, muy lejos de la cifra repartidora, Altamirano aprovechó el “pesimismo” de la DC y llegó al Senado sin saber leer ni escribir.

Alfonso Ríos Larrain

• 17 diciembre 2010

MALA MEMORIA

“Mi amigo Alfonso Ríos Larraín, en carta a La Segunda de ayer, dice concordar conmigo en relación a mi apreciación sobre Carlos Altamirano. Sin embargo, con muy mal ojo aduce que el odio de clases se inició antes de 1970, asegurando que ello ocurrió en el gobierno de Frei Montalva.

Mala memoria de mi amigo Ríos, ya que la historia recuerda al Presidente Frei Montalva como un gobernante respetuoso de todos los sectores de la sociedad chilena. Sería bueno que Alfonso Ríos ofreciera una disculpa por tratar de reinventar la historia.

Sergio Hernández Gómez”

• 21 diciembre 2010

APRECIACIONES Y MEMORIA

         “En su carta del viernes pasado, Sergio Hernández refuta mi apreciación relacionada con manifestaciones explícitas del odio de clases que vivió el país durante el gobierno de Frei Montalva. Me acusa, además, de desmemoriado y de reinventar la historia. Bastante se ha escrito del camino recorrido por la DC chilena en sus 72 años de vida -incluida la Falange- y con seguridad falta mucho por decir. Sin embargo, pocos dudan que el reformismo de Frei Montalva, lejos de neutralizar el odio de clases que asomaba en Chile, fuera aliciente para que líderes tipo Altamirano extremaran conductas que satisfacían su resentimiento.

Sergio recuerda a Frei Montalva como “respetuoso de todos los sectores de la sociedad chilena”. Puede tener razón, pero la historia consigna que exageró con tanto “respeto”. Él fue elegido Presidente en 1964 postulando como alternativa al marxismo, pero seis años después entregó el poder, precisamente, a sus promotores. Entre ellos, a Carlos Altamirano y sus boys que terminaron por demoler las frágiles estructuras de nuestra convivencia democrática.

Alfonso Ríos Larrain”

ABORTO: UN CRIMEN SIN PENALIDAD

Por Alfonso Ríos Larrain

En 1973, mi profesor Luis Ortiz Quiroga pronosticó en clases que el adulterio era un delito próximo a desaparecer de la legislación penal chilena. Fundamentaba su diagnóstico en tres consideraciones:

a) la naturaleza civil y no penal del delito: “violación de la fidelidad que se deben recíprocamente los cónyuges, consistente en el ayuntamiento carnal realizado entre persona casada de uno u otro sexo y persona ajena a su vínculo matrimonial”;

b) la evidente discriminación contra la mujer implícita en  la tipificación del delito en nuestro código. Cometía adulterio “la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que es casada…”. En otras palabras, la casada infiel era siempre adúltera; el hombre, en cambio, sólo si podía probársele certeza de saber que “la otra” era casada o tuviere "manceba dentro de la casa conyugal o fuera de ella con escándalo”, porque si era discreto tampoco delinquía; y

c) la escasez de querellas o denuncias por adulterio -casi todas convenidas entre los mismos cónyuges para impulsar la nulidad de su matrimonio- y la arrolladora jurisprudencia en cuanto a sobreseimientos, penas remitidas o sentencias absolutorias.

Lucho Ortiz tenía razón: el adulterio era un delito anacrónico, sin penalidad efectiva y veinte años después (1994) fue derogado en Chile.        

Algo similar ocurre con el aborto. El delito está tipificado en el Título VII del Código Penal chileno -“Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública” (Art. 342 al 345), el mismo enunciado que regulaba el adulterio- y no en el Título siguiente -“Crímenes y simples delitos contra las personas”- que incluye los homicidios simple y calificados (parricidio e infanticidio). Así, el legislador estimó que el aborto no debía considerársele un delito contra la vida, sino como atentado contra la familia o la moralidad pública, similar al abandono de niños y personas desvalidas, usurpación del estado civil, descuido de menores y otras conductas llamadas coloquialmente "delitos cochinos" (violación, estupro, sodomía, prostitución, incesto, etc.).

Hace algunos años, la jerarquía católica chilena propuso modificar el texto constitucional que establece que “las personas nacen libres e iguales ante la ley” por “las personas se conciben libres e iguales ante la ley”, pero no tuvo acogida. Y como el acto de abortar reúne, por lo general, condicionantes emotivas de origen sicológico, social o económico, los jueces han sido especialmente benévolos al momento de pronunciarse y aplicar sanciones. Por otra parte, las estadísticas reflejan que no hay más de 200 denuncias anuales sobre un total de 40 mil abortos registrados en Chile en igual período (algunos hablan de una cifra real cuatro veces mayor), que el 90% de las denuncias terminan sobreseídas, con sentencias absolutorias o penas remitidas, y que el 10% restante también goza de impunidad. En concreto, los autores, cómplices y encubridores del delito de aborto no son penalizados en nuestro país.  

El proyecto anunciado por los senadores Evelyn Matthei y Fulvio Rossi reactualiza el debate sobre el aborto terapéutico. Se trata de un nuevo intento para despenalizar conductas abortivas -esto es, suprimir su tipificación como delito- cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) que el embarazo implique un riesgo para la vida de la madre, caso en que no se consideraría aborto; y b) que las probabilidades de sobrevivencia del feto sean ínfimas. La propuesta contempla la opinión de un equipo de especialistas que determinarían la urgencia médica de poner término anticipado al embarazo.

Para los abortistas declarados se trata de una idea interesante y bien encaminada a fortalecer los “derechos sexuales y reproductivos” de la mujer, y la autonomía que ella tiene sobre su cuerpo y su vida. Para otros -Evelyn incluida- es una moción que protege a la madre en peligro de muerte, situación que prevalecería sobre la vida del feto malformado o sin viabilidad. Para quienes no aceptamos intervenciones que tengan como resultado la muerte de un ser humano (y el feto lo es desde el momento de la concepción) es un proyecto que atenta contra la vida y los derechos del que está por nacer. Para la mayoría, es otra iniciativa populista y demagógica tipo “femicidio”, pero con mayor reproche ético, que no producirá efecto alguno. Porque el aborto es, desde hace rato, un crimen que carece de penalidad en Chile ■ ARL      

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

                     

Por Alfonso Ríos Larrain

Tengo una cuñada norteamericana que vive en Chile. Casada con mí hermano menor, ambos abogados, celebran anualmente el Thanksgiving Day con un almuerzo en su casa al que asiste nuestra numerosa familia. Con el aperitivo, cada uno de los presentes relata las cosas buenas que le pasaron durante el año y hace una breve alocución de agradecimiento. Luego, vamos a la mesa y comemos el tradicional roasted turkey acompañado de puré de papas, manzanas y camote, ensaladas varias y pumpkin pie con helados de distintos sabores, todo acompañado de buen vino chileno. Es una jornada familiar de acción de gracias.

Thanksgiving -junto al Día de la Independencia- es la fiesta más popular de los Estados Unidos. También la celebran en Canadá. Algunos creen que su origen es religioso, pero no hay tal. La historia data el 6 de septiembre de 1620. Un grupo de marinos y pasajeros “separatistas” embarcaron ese día en el Mayflower al mando del capitán John Smith y alzaron velas desde Plymouth (Inglaterra) con rumbo América. Luego de sesenta y seis días de navegación, anclaron cerca de Cape Cod, en el estado de Massachusetts (EE.UU). Pródigo en recursos naturales y un buen puerto, el lugar ofrecía excelentes condiciones para que los inmigrantes iniciaran su nueva vida. El primer año fue desastroso: un duro invierno devastó a los pilgrims y varios murieron de hambre o de frío. Entonces, los indios nativos acudieron en su ayuda, enseñándoles a sembrar, a cosechar y guardar comida; a envolver pescado en sal y curar carne ahumándola en las brasas. Para el invierno siguiente, los colonos habían acumulado suficiente maíz y otros productos necesarios para el sustento. Pero -más importante- habían aprendido a superar las adversidades climáticas y a sobrevivir en el Nuevo Mundo. Tiempo después, el gobernador William Bradford proclamó una jornada especial para agradecer la hospitalidad y ayuda que los nativos indoamericanos dieron a los peregrinos, instituyendo el Thanksgiving Day. El escritor Edward Winslow, en su libro “Diario de los Peregrinos de Plymouth”, cuenta que los festejos incluían aves de corral (pavos salvajes) aportadas por los colonos y carne de ciervo que traían los indios. Doscientos años más tarde, el presidente Abraham Lincoln estableció el último jueves de noviembre para conmemorar esta fiesta y Franklin D. Roosevelt (1941) la trasladó al cuarto jueves del mismo mes, distanciándola de Navidad.

Nuestro país ha “importado” una interminable lista de días conmemorativos de algo o alguien “por lo que son” y no “por lo que han  hecho”. No hablo de festividades tipo Halloween -tan excéntrica como alejada de nuestras tradiciones- ni de los esforzados Papa Nöel que conducen trineos en medio de pinos y nieve de utilería emulando el “típico” paisaje veraniego de Chile. Me refiero al día de la madre, de la secretaria, del padre, del niño, del pescador o del minero instituido por su condición de tales y no por circunstancias heroicas o excepcionales que los justifiquen. Porque ser madre, padre, niño, secretaria, pescador o minero no es un estatus meritorio en sí mismo, como tampoco lo es ser trabajador, joven, abuelo, estudiante, mujer, enfermera, refugiado, deportista o gay. Sin embargo, políticos y comerciantes se las han ingeniado para llenar el calendario de efemérides inocuas que les generan dividendos publicitarios y económicos, pero agotan la paciencia del ciudadano común, su intelecto y su bolsillo.

El Thanksgiving es un día diferente. Una jornada que reúne a la familia para contar cosas buenas, reflexionar y agradecer. Una conmemoración cuyo antecedente histórico sugiere nobleza, heroísmo y amistad. Un día que vale la pena imitar y celebrar. ARL