MATRIMONIO HOMOSEXUAL

Por Alfonso Ríos Larrain

El Presidente Piñera ha de sentirse bastante incómodo con el proyecto de ley que busca regular las uniones de hecho heterosexuales y homosexuales. Pero no hay plazo que no se cumpla y llegó la hora de honrar esta promesa de campaña, publicitada y graficada con imágenes tan explícitas que su voluntad no admite equívocos: dar a estas uniones un marco jurídico que las reconozca y proteja. Es tarde para lamentar el haberse involucrado en un tema que lo colocaba en una dimensión que no era la suya, lo alejaba de las posiciones doctrinarias de mayoría que sustentaban su candidatura y, además, no atraería ni medio voto gay, lésbico o heterosexual a los que ya tenía asegurados antes de hacer la promesa. La presión es transversal -gatillada incluso por senadores oficialistas- lo que impide cualquiera tentación de “mirar para el lado”, aunque las ganas de hacerlo sean tan fuertes como justificadas. Aceptó ir al pizarrón y debe cumplir la tarea lo mejor posible. Veamos de qué se trata.

La legislación civil chilena permite a las personas que comparten "techo y lecho" convenir en todo lo que quieran, sean heterosexuales u homosexuales: suscribir contratos entre ellos; distribuir sus bienes y pertenencias en el porcentaje que se les antoje; acordar uniones permanentes o temporales, y darles término anticipado; y, en general, pactar todo tipo de compensaciones, indemnizaciones, cláusulas de reciprocidad, poderes y testamentos cruzados. Las parejas heterosexuales, si así lo desean, pueden contraer matrimonio y someterse a las normas que lo regulan. Y si hubiere algunos impedimentos jurídicos para depurar estas relaciones, ellas deben corregirse con modificaciones pertinentes al Código Civil. Hasta aquí, nada excepcional que justifique tanto barullo.

Sólo queda pendiente el matrimonio entre personas del mismo sexo, iniciativa que no acoge el proyecto del Ejecutivo. Sus promotores argumentan “igualdad de derechos”, pero el matrimonio no es un derecho que el Estado concede a los individuos, sino una restricción a derechos que los ciudadanos ya tienen. Sin analizar sus ventajas institucionales de orden familiar y social, el matrimonio implica una serie de obligaciones entre los cónyuges, y de éstos con sus hijos, que limitan objetivamente la libertad individual. Entonces, ¿qué motivo hay para que los activistas homosexuales quieran someterse a las normas matrimoniales cuando pueden regular su convivencia sin intervención estatal, establecer acuerdos bilaterales, delimitar responsabilidades y preceptuar así su vínculo de pareja? ¿Qué beneficio adicional pueden obtener del matrimonio si, además, les está biológicamente vedada la posibilidad de procrear o han renunciado voluntariamente a ella? ¿O esgrimen el matrimonio sólo como mecanismo para validar su condición sexual y asimilarla a los dos únicos géneros -el masculino y el femenino- que reconoce la naturaleza humana?

La controversia no responde a problemas de discriminación o desigualdad de derechos. El verdadero propósito de los activistas homosexuales es obtener reconocimiento oficial y colectivo por su condición de tales, lo que es la antítesis de la igualdad de derechos. Es incoherente afirmar, por un lado, que sus opciones de vida son asuntos privados que nadie tiene derecho a juzgar ni a intervenir y, al mismo tiempo, exigir que los demás aprueben sus conductas sin objetarlas. En otras palabras, "hago lo que quiero, no me importa tu opinión y tienes la obligación de apoyarme".

La exacerbada retórica de la “igualdad de derechos” se ha convertido en provechosa muletilla para conseguir privilegios de diversa índole; entre otros, las pretensiones de los activistas homosexuales. Pero el mismo respeto que reclaman para ellos debe homologarse a quienes conciben el matrimonio como un contrato entre un hombre y una mujer, una de cuyas finalidades es procrear; esto es, engendrar y multiplicarse en el seno de una institución que consagra derechos y deberes a todos sus integrantes. Es obvio que los homosexuales no cumplen los requisitos para postular a ella, ni tienen los mismos propósitos. Confiésenlo o no, optaron por otra forma de vida. Y “electa una via, non datur recursos ad aliam”: elegido un camino, no es válido recurrir a otro  ■ ARL           

          

          

          

         

REGULEQUE

                Por Alfonso Ríos Larrain

            A diferencia de Ximena Ossandón, ex Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), no me quejo. Este blog fue creado el pasado 15 de noviembre y su única promoción ha sido “boca en boca” entre mis amistades y conocidos. Las 31 publicaciones han sido leídas por más de 3.000 personas, lo que hace un promedio cercano a 70 visitas diarias. El balance no es tan reguleque pero debemos mejorar. Todos tenemos visiones propias respecto a distintos temas y yo procuro explicitarlas cuando escribo. Les recuerdo que este es un espacio abierto a cualquiera opinión, que ellas no son alteradas ni reeditadas, que no hay más restricción que exponerlas con un lenguaje adecuado y respeto a los demás, y que pueden ser reproducidas total o parcialmente indicando la procedencia, título, fecha y nombre del autor. Gracias a todos por su interés, participación, consejos, críticas y comentarios.

            Volvamos a Ximena Ossandón. Desconozco su gestión de pocos meses al frente de la JUNJI, lo que me impide evaluarla como funcionaria. En todo caso -considerando el nivel de remuneraciones del sector público y las subjetividades que siempre habrá en estas materias- no me parece que un salario bruto de $ 3.730.000 mensuales pueda estimarse una “paga bastante reguleque” por dirigir un servicio que no es de primera división. Y, menos aún, con el onomatopéyico ¡Sniff! divulgado a través de un twitter que se convirtió en su lápida definitiva.

Lo que sí me consta es la honestidad y vocación de servidora pública de Ximena Ossandón, manifestadas en múltiples iniciativas benéficas que ha desempeñado con éxito, discreción y ad honores, compatibilizándolas con sus deberes de cónyuge, dueña de casa y madre de una numerosa prole. Entonces, ¿por qué este gimoteo y qué lo motivó? ¿Sería un sueldo que no retribuía debidamente la calidad de su gestión? No creo. Sus antecedentes dicen lo contrario. ¿Se trató de una reacción espontánea e imprudente que refleja inexperiencia política, como afirma su hermano Manuel José, alcalde de Puente Alto? Es posible, pero si el análisis se reduce a una simple indiscreción o “metida de pata”, no obtendremos ningún provecho de este episodio. Por lo tanto, escarbemos un poco más.

En general, el ser humano espera que sus actuaciones tengan el más amplio reconocimiento posible. Una forma de sensibilizar esta gratitud es autoinmolarse: “Estoy aquí (o hago lo que hago), postergando mi propio bienestar, mi propia vida y mi propio goce para servir a los demás, aunque la paga sea reguleque”. Pero esto no es más que una excusa para ocultar nuestro primer instinto natural y motor de sobrevivencia: el individualismo. Irracionalmente combatido por las corrientes colectivistas que -cual más, cual menos- promueven el “sacrificio” como valor per se y no como instrumento para alcanzar grados alternativos o superiores de felicidad personal, el individualismo es factor determinante en toda obra humana y asomó con fuerza y naturalidad en el twitter de Ximena. No la juzgo por eso. Por el contrario, aplaudo su autoestima. Lo que repruebo es que se valga del martirio para ganar comprensión, simpatías o popularidad.

Otra conclusión del incidente es la urgente necesidad de modernizar el Estado, una de las siete tareas que anuncia el gobierno para el próximo año. La misión es titánica y, sin dudas, la más difícil de cumplir porque es estructural, lesiona privilegios y exige productividad. Pero es, al mismo tiempo, el cometido más impostergable junto a la reforma educacional. Que el cargo de Vicepresidente de la JUNJI sea resuelto próximamente a través del sistema de Alta Dirección Pública es una buena señal y secuela positiva de un triste episodio ■ ARL

¡FELIZ AÑO!

LOS MOTIVOS DE BOLIVIA

Por Alfonso Ríos Larrain

Es una perogrullada, pero nunca me ha gustado que Chile ceda parte de su territorio o soberanía, trátese de grandes extensiones como la Patagonia o  “pedacitos más, pedacitos menos” como Campo de Hielo Sur. Acepto que la pérdida de nuestras posesiones en la Patagonia tuvo cierta justificación: por un lado, la necesidad de transigir con Argentina para que Chile mantuviere dominio sobre el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego y, al mismo tiempo, la urgencia de cubrir nuestras espaldas neutralizando el chantaje argentino que insinuaba beligerancias por el sur mientras nos preparábamos para combatir con peruanos y bolivianos en el norte. Distinto es el caso Campo de Hielo Patagónico Sur, artificial litigio inventado por Argentina para avanzar al Océano Pacífico, que contó con la indolencia e ingenuidad del entonces Presidente Patricio Aylwin y de su canciller Enrique Silva Cimma al suscribir la “Declaración Presidencial Aylwin-Menem 1991”. Incluso, en el siglo XVI la Capitanía General de Chile ejerció tuición sobre la región de Cuyo (actual Mendoza, República Argentina). El Gobernador y Capitán General Pedro de Valdivia envió a Francisco de Villagra para que al mando de 180 hombres explorara esa comarca.  Tiempo después, el nuevo Gobernador de Chile, García Hurtado de Mendoza, hijo del Virrey del Perú, encomendó al capitán Pedro del Castillo la fundación de Cuyo. La Capitanía General de Chile -como todas las extensiones al sur de Panamá- formaba parte del Virreinato del Perú y la cordillera de Los Andes se erguía como frontera natural entre Chile y Argentina, pero la región de Cuyo puede considerarse el primer "pedacito" que menguó nuestro territorio. Es cierto que con la Guerra del Pacífico ganamos superficie, pero ahí no hubo extorsiones como en la Patagonia, ni torpezas como en Campo de Hielo Sur, ni argumentos geopolíticos como en el caso de Mendoza. Las anexiones territoriales de la Guerra del Pacífico las decidimos en el campo de batalla derrotando a dos países simultáneamente, con voluntad política y militar, derramamiento de sangre y grandes dosis de heroísmo. Es la gran diferencia que media entre “obtener” y “ganar” un territorio.    

Con todo, soy proclive a revisar la mediterraneidad de Bolivia y buscar una solución que permita a ese país el libre acceso al litoral chileno resguardando nuestra soberanía. Ello, por tres motivos: 1) descomprimir el discurso nacionalista y anti-chileno que sirve a los gobernantes bolivianos para ocultar su proverbial incompetencia; 2) negociar un tratado bilateral de largo plazo en el que Chile otorgue a Bolivia una salida al mar y Bolivia nos garantice, por el mismo período, el suministro de materias primas claramente individualizadas  (por ejemplo, gas natural); y 3) mantener buenas relaciones con un país vecino, propósito siempre útil y valorado. Me hace fuerza, además, el ferviente llamado del senador Pablo Longueira para resolver este problema y “heredar a las futuras generaciones un país inserto en una región sin conflictos y que no vuelva a estar expuesta –como lo estuvo la nuestra– a vivir el fantasma de la guerra” (“Liderazgo y Coraje”, Noviembre 2010).

Los motivos están vigentes, pero después de leer las noticias de hoy mis simpatías han vuelto a fojas cero. “El Mercurio” informa la creación de la Empresa Boliviana Forestal y que el gobierno de Evo Morales estudia la caducidad de las concesiones en el área porque, según dice, “están en manos de un puñado de neoliberales que han terminado privatizando los bosques”. El gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, entidad que agrupa a las empresas privadas del sector, advierte que la inestabilidad política y la incertidumbre jurídica son muy graves, que aumenta la tala ilegal de los bosques nativos, decrecen las inversiones y que la situación es cada vez peor.

Si uno de mis argumentos para sentarnos a conversar con Bolivia es, sucintamente, “mar por gas” ¿qué garantía de cumplir sus compromisos puede darnos la Bolivia de Evo si tratará de igual forma a los neoliberales interesados en invertir en gaseoductos para abastecer a los chilenos? ¿O será que no tienen interés alguno en salir al mar y prefieren su actual situación de mediterraneidad para justificar el abatimiento y pobreza que estas medidas ocasionan inexorablemente al pueblo boliviano? Por el momento, con estos vecinos ni mar ni a misa. ARL     

   

PRIVATIZACIONES Y DESPARPAJO

  
         Por Alfonso Ríos Larrain

El desplome del muro de Berlín fue el réquiem del imperialismo soviético y de su hegemonía política, geográfica y militar, pero las faenas de demolición datan mucho antes: responden a la concepción intelectual del comunismo y se intensifican con su ejercicio.  Para comprenderlo mejor, la sentencia atribuida a Ronald Reagan: “Un comunista es alguien que ha leído a Marx; un anticomunista es alguien que ha entendido a Marx”. El balance de 70 años de tiranía, hambre y genocidio derribó aquel muro e hirió de muerte a sus constructores, pero hay varios sobrevivientes que zangolotean esperando una nueva oportunidad. Alientan sus esperanzas quienes presumen de adversarios pero se unen a ellos en pactos políticos (“instrumentales” dicen, para mitigar el contubernio), hacen “gestos de fraternidad, cortesía y amistad cívica” (como el presidente de la DC, senador Ignacio Walker, que festejó los 95 años de vida del Partido Comunista de Chile), y adhieren a las premisas del comunismo y sus derivados socialistas. Algunos lo hacen por aproximación ideológica ("un viejo amor no se olvida ni se deja", dice un viejo bolero); otros, por debilidad o simple conveniencia.

Nos hemos acostumbrado al doble estándar de la Concertación en temas políticos, sociales, económicos y de derechos humanos. Estamos preparados para cualquier embate que procure marcar diferencias con el actual gobierno, justificar su rol opositor o cohesionar a sus desmembradas huestes. No nos sorprendió la interpelación a una ministra para objetar sus obras en las tareas de reconstrucción; ni el insensato acuerdo que rechazó la idea de legislar el aumento de remuneraciones al sector público, incluido  el bochornoso epílogo de aprobar la propuesta oficialista mediante una negociación hecha a espaldas y contra la voluntad de las bancas opositoras. Sin menospreciar el daño que estas conductas causan a la credibilidad de los políticos, ellas no deben asombrarnos.  La búsqueda del poder -y la política es una de sus manifestaciones- nos brinda un copioso relato de intrigas y artimañas cuya reiteración las hace tan tolerables como predecibles. Pero ahora se les pasó la mano. Las declaraciones de los ex presidentes Frei y Lagos impugnando la iniciativa de vender por medio de oferta pública la participación estatal en algunas empresas, son de una incoherencia y desfachatez sin límites.

Durante el mandato de Frei Ruiz-Tagle se privatizaron empresas sanitarias, eléctricas, mineras, de energía y comunicación, recaudando una suma cercana a los 3.000 millones de dólares. Lagos optó por “concesionar” varias empresas y servicios públicos a 30 años prorrogables, una sutil modalidad que atenúa la repugnancia ideológica que ha de causarle la acción de "privatizar". Lo hicieron a contrapelo, es cierto, pero les sirvió para hacer caja, adquirir un new look acorde con la globalización, cumplir las exigencias libremercadistas de los tratados internacionales de libre comercio, aceptar las condiciones impuestas por la Comunidad Económica Europea (según confesión del propio Ricardo Lagos) y calificar como aspirante en las "cumbres" de países desarrollados. En fin, cualquiera hubiese sido su motivación, el desenlace fue bueno para el país y es, por lejos, el legado más valioso de ambos gobiernos.

Pero no tienen remedio. En Frei y Lagos prima la necesidad de captar cámaras y mantener vigencia a cualquier precio, sin importarles formas ni contenidos. Lo mismo ocurre al senador Zaldívar y otros estridentes voceros que se oponen a vender acciones del Estado en empresas cuya privatización defendieron y aprobaron con sus votos. El país les pasará la cuenta, pero ¿la pagarán? No creo. Buscarán maneras de no hacerlo. Porque el mismo desparpajo que hoy tienen para emporcar su mejor obra de gobierno les volverá a ser útil para ceder cupos municipales y parlamentarios, buscar mayorías espurias y dar oxígeno a los sobrevivientes del muro. Vuelvo a Reagan: presumo que leyeron a Marx, pero ¿lo habrán entendido? ARL  

ALTAMIRANO, FREI MONTALVA Y LA DC

Nota del Editor: Una carta del ex concejal por Vitacura Sergio Hernández Gómez, publicada el 13 de diciembre de 2010 en “La Segunda”, originó la siguiente polémica a través del mismo diario:

13 diciembre 2010

ALTAMIRANO

“Señora Directora:

         La frescura mayor es lo que se ha dado en la desmemoria del artífice y responsable de lo ocurrido en 1973, el sembrador del odio de clases Carlos Altamirano, socialista que representa una época negra de la historia de Chile. ¿Será posible que la DC siga inserta en un conglomerado con este tipo de personas?

Sergio Hernández Gómez”

16 diciembre 2010

ALTAMIRANO

“Concuerdo plenamente con los términos de la carta de mi amigo Sergio Hernández Gómez publicada en La Segunda del lunes. Sólo hago dos alcances. El primero, que el odio de clases comenzó a gestarse mucho antes de 1970, tuvo manifestaciones explícitas en el gobierno de Frei Montalva e inspiró la vida, pasión y muerte de la Unidad Popular.

El segundo, que Carlos Altamirano es, además, un desagradecido con la DC, porque debió su senaduría a un involuntario “error de cálculo” de ese partido. En efecto, en las elecciones parlamentarias de 1965, la votación de la lista DC en Santiago alcanzó para obtener cuatro de los cinco senadores que elegía esta circunscripción, pero sólo presentaron tres candidatos: José Musalem, Rafael Agustín Gumucio y Tomás Reyes Vicuña. Así, muy lejos de la cifra repartidora, Altamirano aprovechó el “pesimismo” de la DC y llegó al Senado sin saber leer ni escribir.

Alfonso Ríos Larrain

• 17 diciembre 2010

MALA MEMORIA

“Mi amigo Alfonso Ríos Larraín, en carta a La Segunda de ayer, dice concordar conmigo en relación a mi apreciación sobre Carlos Altamirano. Sin embargo, con muy mal ojo aduce que el odio de clases se inició antes de 1970, asegurando que ello ocurrió en el gobierno de Frei Montalva.

Mala memoria de mi amigo Ríos, ya que la historia recuerda al Presidente Frei Montalva como un gobernante respetuoso de todos los sectores de la sociedad chilena. Sería bueno que Alfonso Ríos ofreciera una disculpa por tratar de reinventar la historia.

Sergio Hernández Gómez”

• 21 diciembre 2010

APRECIACIONES Y MEMORIA

         “En su carta del viernes pasado, Sergio Hernández refuta mi apreciación relacionada con manifestaciones explícitas del odio de clases que vivió el país durante el gobierno de Frei Montalva. Me acusa, además, de desmemoriado y de reinventar la historia. Bastante se ha escrito del camino recorrido por la DC chilena en sus 72 años de vida -incluida la Falange- y con seguridad falta mucho por decir. Sin embargo, pocos dudan que el reformismo de Frei Montalva, lejos de neutralizar el odio de clases que asomaba en Chile, fuera aliciente para que líderes tipo Altamirano extremaran conductas que satisfacían su resentimiento.

Sergio recuerda a Frei Montalva como “respetuoso de todos los sectores de la sociedad chilena”. Puede tener razón, pero la historia consigna que exageró con tanto “respeto”. Él fue elegido Presidente en 1964 postulando como alternativa al marxismo, pero seis años después entregó el poder, precisamente, a sus promotores. Entre ellos, a Carlos Altamirano y sus boys que terminaron por demoler las frágiles estructuras de nuestra convivencia democrática.

Alfonso Ríos Larrain”