domingo, 12 de diciembre de 2010

DON'T TOUCH MY JUNK!

Por Alfonso Ríos Larrain

El 13 de noviembre pasado, John Tyner era chequeado en el aeropuerto de San Diego (California, USA) antes de embarcar. El funcionario de seguridad intentó auscultarlo, pero la advertencia de Tyner fue perentoria: "OK, but if you touch my junk I’m going to have you arrested” (“Está bien, pero si tocas mis partes bajas haré que te arresten"). El funcionario llamó al supervisor de la Transportation Security Administration (TSA), quien intentó persuadir a Tyner para que aceptara ser íntegramente “explorado”. No tuvo éxito. A Tyner se le impidió embarcar, fue expulsado del aeropuerto y arriesga una multa de US$ 10,000.- Hoy se cumple un mes de aquel suceso. Como decía el gran periodista e insigne director de “El Mercurio”, René Silva Espejo, la noticia ha decantado y podemos editorializarla.

La prensa y la opinión pública en general atribuyen esta reacción al descontento de los pasajeros por los chequeos cada vez más invasivos de su intimidad. El origen de los apremios son los actos terroristas que conmovieron al mundo el 11 de septiembre de 2001. Además del terrorismo, los exigentes controles cumplen protocolos de seguridad para prevenir el narcotráfico y otros delitos relacionados con el lavado de dinero. Lo anterior justificaría plenamente la estricta revisión de pasajeros y equipajes que realizan los servicios de seguridad de los aeropuertos, pero hay motivos más profundos que explican la reacción y popularidad de John Tyner.

Él sabía muy bien lo que hacía y a quién tenía enfrente cuando se negó a ser manoseado. Para vencer su resistencia, el supervisor de la TSA le dijo que este chequeo no constituía una agresión sexual. Tyner respondió: “Lo sería si no fueras el gobierno”. No se trata, pues, de una actitud superficial, anárquica e inconducente, sino de una rebeldía que refleja el conflicto progresivo entre los derechos individuales y el poder del Estado. Una rebeldía por las restricciones a la libertad y que pide poner límites al intervencionismo desatado, a la asfixia de los emprendedores, al imperio de la burocracia en salud, educación, trabajo, energía, medioambiente, etc. Una rebeldía frente a la norma que faculta a un agente de seguridad para desnudar a un pasajero y palparle el culo.

“¡Don’t touch my junk!”.  No es sólo un grito que reclama respeto a la intimidad: es una reacción de hastío y cólera que interpreta a millones de ciudadanos cansados de tanto “manoseo” y avasallamiento estatal  ARL

Ver videos:  http://www.youtube.com/watch?v=zYykxMupiT0&feature=related
                      http://www.youtube.com/watch?v=VUXlb12NBbY&feature=player_embedded

sábado, 11 de diciembre de 2010

MENOS CARNE Y MÁS DOLOR

Por Alfonso Ríos Larrain

Ha vuelto a ser noticia un estudio que la FAO publicó hace cuatro años, cuya conclusión fue que la ganadería genera más gases de efecto invernadero que el sector transporte. Esto se debería a las elevadas dosis de dióxido de carbono (CO2) y metano que contiene el excremento y flatulencias de las vacas. Científicos de la Universidad de Hohenheim (Alemania) han diseñado una píldora que, junto a una dieta especial, permitiría a vacunos y ovinos reducir la emisión de gases; algo así como recetar omeprazol a los humanos, acompañado de una dieta que excluya los porotos. Otra solución es la de Stephen Moore, doctor e investigador canadiense de la Universidad de Alberta. Propone reducir el efecto invernadero de las flatulencias vacunas “cruzando ejemplares eficientes para producir una descendencia bovina que eructe hasta un 25% menos” [sic].  También se estudia la factibilidad de las “mochilas vacunas”, dispositivos que se colocan sobre el lomo de las vacas y se conectan al estómago a través de una manguera, permitiendo que los gases contaminantes pasen directamente a la mochila. Pero esta alternativa no es tan eficiente como la anterior, pues el metano generado por los eructos disminuiría sólo en 18%.

Los burócratas medioambientalistas ya tomaron carta en el asunto y van sobre naciones como Nueva Zelanda –considerada por ellos mismos como “país verde”- cuya vasta industria ganadera ha crecido gracias a un notable emprendimiento y cuantiosas inversiones en tecnología e investigación agroalimentaria. Con sólo 4 millones de habitantes, Nueva Zelanda tiene un plantel de 38 millones de ovejas y 9 millones de vacunos,  “materia prima” y motor de su economía. Carne, lana y productos lácteos representan hoy el 44% de las exportaciones neozelandesas. Pero ahí están los muchachitos ecoterroristas, analizando eructos vacunos después de saciarse con un suculento desayuno acompañado de café con “leche” y de engullir un generoso “bife” en algún restaurante de lujo, todo pagado, incluidas sus propias flatulencias, por los contribuyentes del mundo que detestan.

Hay más. Una reciente investigación ha determinado que la anestesia también contamina por dióxido de carbono (CO2). Mads Andersen, científico de la NASA, y Ole John Nielsen, profesor de Química Atmosférica de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) analizaron tres tipos de gases que se administran al paciente a través de la anestesia: isoflurano, desflurano y sevoflurano. El estudio publicado en la revista British Journal of Anesthesia determinó que cuando se suman las anestesias realizadas anualmente en los quirófanos de todo el mundo, las emisiones de CO2 equivalen a las de un millón de automóviles.

Todavía no aparece la “reacción oficial” del medio-ambientalismo frente al nuevo descubrimiento, pero no debiera sorprender si en los próximos días desempolvan la teoría de “la fuerza curativa del dolor” que opuso feroz resistencia en el siglo XIX al uso del dietil éter (1846) y del cloroformo (1847). La propia etimología de la palabra anestesia -del griego “an” (sin) y “estesia” (sensibilidad)- podría servirles de prólogo para elaborar un nuevo ataque a las libertades individuales y al progreso. Es posible que esta demora en reaccionar se deba a la necesidad de obtener un buen stock de anestesia antes de que caiga en desuso, evitando el dolor que ha de causarles la extracción de una muela o una eventual cirugía mayor. Porque si proponen restringir la producción de leche y carne por la contaminación originada en las flatulencias de las vacas, y al mismo tiempo beben abundante leche y devoran suculentos bifes, ¿qué razón tendrían para actuar distinto en el caso de la anestesia?

A los medio-ambientalistas sólo les falta el “tiro de gracia”: suprimir el fuego, el elemento más notable creado por el hombre y el que más contamina. Es la última prueba que necesitan para ratificar su "amor" a la humanidad y su odio al individuo ARL

viernes, 3 de diciembre de 2010

WIKILEAKS: EL RIESGO DE INFORMAR

Por Alfonso Ríos Larrain


Los archivos “desclasificados” en el sitio virtual Wikileaks contienen más chismografía que documentos relevantes. No aparece información que ponga en riesgo la seguridad mundial ni hechos que inquieten por su envergadura o beligerancia. Al menos por ahora. Respecto de Chile, que doña Michelle Bachelet considere “inestable” a la presidenta argentina es una opinión tan respetable como el epíteto de “frívolo y livianito” que don Jorge Alessandri encasquetó a John F. Kennedy después de conocerlo; o la observación del mismo Alessandri al ser recibido en el aeropuerto de Quito por el chispeante presidente de Ecuador, Carlos Julio Arosemena, que le dio la bienvenida con algunas copas demás: “Simpático este borrachín”, murmuró don Jorge al canciller chileno.

          La diferencia entre esos comentarios es más de forma que de contenido. El de Bachelet fue publicado en Internet y posteriormente "desclasificado", dando origen a una serie de explicaciones, desmentidos, excusas y defensas corporativas que pudo evitar si hubiese tenido mayor "conciencia tecnológica". Los de Alessandri, sin espías cibernéticos, permanecen en el archivo personal de quienes fueron sus amigos.

Del mismo modo, las objeciones éticas y legales que puedan incriminar a Wikileaks se originan en la forma de obtener la información, más que en el contenido y publicidad de la misma. No se trata, pues, de un “ataque a la comunidad internacional y a la democracia”, como sostiene Hillary Clinton, sino de un eventual atropello a la propiedad intelectual y privacidad de algunas personas e instituciones. Veremos cómo se resuelve este problema que carece de regulación global, pero es difícil concebir un ente más “democrático” que Internet: todos acceden sin obstáculos sociales, políticos o diplomáticos, soslayando hegemonías, fronteras y privilegios que antaño discriminaba entre gobernantes y gobernados.

Wikileaks demuestra que la privacidad es vulnerable. Enseña, además, que los dichos y silencios deben administrarse con sabiduría y cautela para informar lo justo y necesario. Como decía mi padre cuando un niño anunciaba ganas de ir al baño: "Vaya, mijito, pero no dé tanta información"  ARL

jueves, 2 de diciembre de 2010

REAJUSTE SECTOR PÚBLICO: JUEZ Y PARTE

Por Alfonso Ríos Larrain

Los contribuyentes de Chile y la opinión pública, en general, no tenemos la menor idea de los antecedentes que el gobierno tuvo a la vista para legislar el reajuste de remuneraciones, asignaciones, aguinaldos y demás retribuciones en dinero para los empleados públicos, incluidos los profesionales de la salud y funcionarios del Congreso Nacional.  
También desconocemos la plataforma de negociación entre el gobierno y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y los motivos no-demagógicos que los parlamentarios tuvieron para apoyar u oponerse al proyecto del Ejecutivo. Y como se trata de muchos miles de millones de pesos que gravan anualmente el erario nacional y, por ende, el bolsillo de todos los chilenos, tenemos derecho a conocer las bases objetivas que justificarían el proyecto de ley y los argumentos de negociación, aprobación o rechazo de esta iniciativa.
Como parece tratase de un “reajuste” de remuneraciones -esto es, aumentar o disminuir los salarios por motivos coyunturales, económicos o políticos-, una posibilidad es que se hubiere negociado en base al IPC o variación de la UF del año anterior, alternativa que habría concluido en una rebaja de sueldos al verificar el resultado de ambos índices. En efecto, la inflación negativa de 2009 sería un argumento más apropiado para disminuir las remuneraciones que para aumentarlas.
Otro criterio pudo ser la medición  de productividad del sector público, pero tampoco sirve. Más aún, la ANEF mira con terror cualquiera idea encaminada a modernizar el Estado. ¿Se imaginan a Raúl de la Puente integrando una comisión cuyo objetivo fuere eliminar funciones públicas, privatizar otras, disminuir burocracia y procurar, en definitiva, un Estado más eficiente, pequeño y musculoso, con funcionarios más productivos y mejor remunerados? ¡Ni pensarlo!  Quedaría cesante.
Y como no hay motivos económicos que avalen este reajuste, veamos si la coyuntura política puede justificarlo. Siempre habrá argumentos para excusar decisiones políticas erróneas, antecedidas por el temor, el oportunismo o la demagogia de quienes ceden, sin costo personal, a las demandas de sectores con cierta capacidad de movilización. De muestra, los resultados que arroja este proyecto de reajuste: el IPC 2009 fue (negativo) -1,4; la última oferta del gobierno es incrementar las remuneraciones y beneficios en +4,2% y la ANEF transaría en +5% (comenzó en +8%). La Cámara de Diputados,  con sus tribunas atestadas de burócratas vociferantes, rechazó por mayoría la idea de legislar, tal como recomendaba, también por simple mayoría, la Comisión de Hacienda de esta corporación. Y el gobierno "congeló" el proyecto. ¿Cuál será el epílogo? Muy fácil. El congelamiento licuará en pocas horas más y la ANEF obtendrá -centésimas más o menos- el porcentaje que solicitó originalmente. En otras palabras, considerando la inflación negativa del año pasado, la remuneración de los empleados públicos aumentará en un porcentaje real superior a 6%. Dadivoso arreglo a espaldas de los contribuyentes chilenos.
Pero la verdad es que no se trata técnicamente de un “reajuste”. Es, simplemente, un aumento de sueldos y así debe informarse al país, con claridad y sin rodeos: un aumento de remuneraciones para empleados públicos, negociado entre empleados públicos y aprobado por empleados públicos. O sea, un acuerdo entre personas que son, al mismo tiempo, juez y parte. Mientras tanto, el 95% de los chilenos hemos sido ignorados en esta decisión, desconocemos si se justifica, pero deberemos pagarla. ¿Una nueva variante de la "democracia de los acuerdos"? ARL

lunes, 29 de noviembre de 2010

REFORMA EDUCACIONAL


Por Alfonso Ríos Larrain

Después de leer a Carlos Peña en El Mercurio de ayer y su entrevista en la revista Qué Pasa de anteayer, el Ministro de Educación Joaquín Lavín habrá recordado la frase del presidente Ronald Reagan: “A veces me pregunto cómo serían los Diez Mandamientos si Moisés los hubiese pasado por el Congreso de los Estados Unidos". Porque no es fácil pronosticar qué rescatará el gobierno de su proyecto original de reforma a la educación concluido el lobby, negociaciones, transacciones y acuerdos (si se respetan), tanto en la Cámara como en el Senado.

Aunque se desconocen los detalles de la reforma, Carlos Peña adelanta algunas virtudes (modificaciones al estatuto docente, fortalecimiento de los directores de colegios municipalizados, aumento de las horas-clases en lenguaje y matemáticas) y muchas carencias. En éstas -a juicio del columnista- el común denominador es la ideología conservadora que inspira a la derecha. Dice: “Ella piensa  (la derecha) que todas las ventajas de la vida -desde el capital cultural al económico- son fruto del desempeño personal, un resultado de la voluntad y no de hechos sociales que haya que corregir”.

Me parece tedioso rebatir la percepción “clasista” que Carlos Peña vislumbra en estas reformas. La discusión, además de anacrónica, sería eterna, pero sólo le pido un mínimo de coherencia: ¿Está dispuesto, en su calidad de rector de la Universidad Diego Portales (UDP), a modificar el sistema de admisiones de quienes postulan a dicha institución, evaluándolos con mediciones distintas a su “desempeño personal” como estudiantes? ¿Tiene la universidad a su cargo algún programa que ayude a corregir los “hechos sociales” que originan desigualdad? ¿Alguna instancia que evite concentrar, mediante selección por rendimiento, a los más talentosos y resilentes, y rechazar a los menos aventajados? Porque si sólo propone becas, la competencia es desatada: todas las ofrecen y están disponibles, preferentemente, para estudiantes con buen rendimiento que dan prestigio a las universidades donde estudian. O sea, usando su terminología, la calificación que la UDP hace para otorgar becas es “clasista” y, por lo tanto, ideológicamente conservadora, porque discrimina considerando el “desempeño personal” de cada postulante y no por “hechos sociales que haya que corregir”.

Carlos Peña argumentará que la educación superior es mera receptora del contingente de alumnos que entrega la educación media y que debe funcionar con lo que hay. Tiene razón. De ahí la urgencia de estas reformas. Pero visualizar el problema con parámetros ideológicos sólo enreda los acuerdos y posterga soluciones más definitivas. Él tiene experiencia al respecto. ¿O pretende que estas reformas sean un remake de la LEGE 2008, que a penas sirvió para que la presidenta Bachelet, algunos ministros, parlamentarios de gobierno y de oposición, junto a miembros de la comisión que él mismo integró entrelazaran sus dedos, elevaran sus manos y, al ritmo de “We are the people”, las agitaran al viento, forzando sonrisitas para tranquilizar a los pingüinos?  ARL